…Conocidos los hechos, se produjo un gran escándalo periodístico y parlamentario que conmocionó a la sociedad española.

Los sucesos de Casas Viejas se convirtieron en un grave problema político para el gobierno republicano-socialista de Manuel Azaña, que tuvo que aguantar el acoso tanto desde la izquierda como desde la derecha, que en las Cortes presentaron diversas interpelaciones (Diego Martinez Barrio, del Partido Republicano Radical, denominó al gobierno de Azaña de “barro, sangre y lágrimas”). El 2 de febrero, el gobierno compareció en las Cortes sobre el

asunto, pero en aquel momento, ignoraba como se habían desarrollado los hechos, pues todos los informes que había recibido, ocultaban los fusilamientos a sangre fría, por lo que el presidente Azaña, respaldó la actuación de las fuerzas del orden público como en ocasiones anteriores.

No se encontrará un atisbo de responsabilidad en el gobierno, en Casas Viejas no ha ocurrido, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir; en Casas Viejas, con el emblema que han llevado al cerebro de la clase trabajadora española de los pueblos sin instrucción y sin trabajo, con el emblema del comunismo libertario, y se levantan unas docenas de hombres enarbolando esa bandera del comunismo libertario, y se hacen fuertes, y agreden a la Guardia Civil, ¿Qué iba a hacer el Gobierno?

Ante una nueva interpelación parlamentaria, Azaña hizo responsable a los anarquistas de lo ocurrido: Nosotros, este Gobierno, cualquier Gobierno, ¿Hemos sembrado en España el anarquismo? ¿Hemos fundado nosotros la FAI? ¿Hemos amparado de alguna manera, los manejos de los agitadores que van sembrando por los pueblos este lema del comunismo libertario?

Los que si tenían una información fidedigna de lo que había ocurrido, eran los miembros del Partido Republicano Radical, gracias a su diputado por Cádiz, pero no sólo no la trasladaron al gobierno, sino que desplegaron una campaña para derribarlo, y abrir las puertas a uno nuevo presidido por su líder Alejandro Lerroux. El problema era, que el gobierno se había fiado de la versión que había dado el Capitán Rojas, en su entrevista el 29 de enero, con el ministro de la Gobernación Santiago Casares Quiroga, en la que había negado que se hubiera producido ninguna extralimitación en la actuación de las fuerzas de orden Público bajo su mando.

Sin embargo, el gobierno empezó a desconfiar y solicitó un informe reservado, que le confirmó los fusilamientos a sangre fría, y señaló a los guardias de asalto como responsables. Entonces Azaña, envió a Cádiz al magistrado del Tribunal Supremo Mariano Granados, para que leyese el sumario de la instrucción, que estaba llevando a cabo el juez de Medina Sidonia encargado del caso y le informase. Fue así, como el gobierno supo que había trece testigos que corroboraban los fusilamientos.

Tras conocerse todos estos hechos, la comisión de investigación formada en las Cortes el 24 de febrero, formada por: (Joan Puig, Manuel Muñoz Martinez, Mariano Ruiz Funes, Gabriel Franco, Joaquín Poza Juncal, Fernando González Uña, Luís Jiménez de Asúa, Miguel García Bravo-Ferrer, Antonio Lara, Juan Botella y Cándido Casanueva), exoneró al gobierno, en su informe definitivo hecho público el 15 de marzo. <<El Gabinete pudo superar la investigación parlamentaria y dos mociones de confianza en las Cortes, pero ello no impidió que se viera salpicado por un escandalo qué, a medio plazo, le sería enormemente perjudicial>>.

El director general de Seguridad, comandante Arturo Menéndez, fue destituido, ocupando dicha dirección, Manuel Andrés Casaus (Que murió en San Sebastián en 1934, victima de un atentado). Arturo Menéndez, fue detenido en la noche del 19 de julio de 1936 por los militares sublevados en el tren Barcelona-Madrid, estación de Calatayud, fue trasladado a Pamplona y fusilado.

La CNT lanzó una campaña contra la <política dictatorial y los políticos facciosos>, en la que exigía la liberación de presos, la apertura de sindicatos, la libertad de reunión y la libertad de prensa, asi como la derogación de las leyes “anti obreras” del 8 de abril de 1932, de Defensa de la República y los Jurados Mixtos. El periódico de la CNT describió los hechos como <una razia de mercenarios de la Legión en un aduar rifeño>. La movilización culminó con la convocatoria de una huelga general los días 9 y 10 de mayo de 1933, <advertencia expresiva para los gobernantes que rivalizan en despotismo con las dictaduras fascistas>.

El Capitán Rojas fue juzgado en mayo de 1934 en Cádiz, en su defensa alegó; que había cumplido las instrucciones del director general de seguridad, de no dejar heridos ni prisioneros y culpó al presidente Azaña de todo, pues afirmó que este le había dicho:<los tiros a la barriga>. Sus declaraciones sólo fueron corroboradas por el comandante Bartolomé Barba Hernández, que a finales de 1933, había sido uno de los fundadores de la organización clandestina militar antirrepublicana, Unión Militar Española (UME), que tendría una participación decisiva en el golpe de Estado de julio de 1936, que dio inicio a la Guerra Civil Española. El Capitán Rojas fue condenado a 21 años de reclusión por 14 homicidios. En julio de 1934, 26 campesinos de Casas Viejas, fueron juzgados por los delitos de posesión de armas de guerra, y ejecución de actos contra las fuerzas armadas. Diez fueron absueltos, y de los restantes, uno condenado a 6 años de prisión, cuatro a 5 años, dos a 3 años, seis a 2 años y tres a 1 año.

Las primeras dudas sobre la versión oficial (que todas las muertes se habían producido en el asalto a la casa de “Seis dedos”), aparecieron en una crónica del escritor Ramón J. Sender y el periodista Eduardo de Guzmán, que habían ido a Casas Viejas y que fue publicada por el periódico La Tierra.

Al año siguiente, Ramón J. Sender publicó un libro con el expresivo título de, “Viaje a la aldea del crimen”, en el que reconstruyó los hechos a partir de las declaraciones de los campesinos a los investigadores parlamentarios. Sin embargo, en el libro, en el que se recopilaba los reportajes que había publicado en el diario “La Libertad”, siguió responsabilizando al gobierno y a Azaña de lo ocurrido, a pesar de que ya habían sido exonerados por la investigación parlamentaria y por la judicial. Todo ello respondía, según Pilar Mera Costas, a la desilusión de Sender con la República, y con la democracia parlamentaria y a su deslizamiento hacia posiciones revolucionarias.

El intento de exculpación del capitán Rojas, apoyado por el capitán Bartolomé Barba Hernández, de que había actuado siguiendo órdenes directas de Manuel Azaña, que le habría dicho “Ni heridos ni prisioneros”, “Los tiros a la barriga”, una acusación, que tanto la investigación parlamentaria, como la judicial, consideraron absolutamente falsa, fue utilizada por los medios y los partidos de derechas, para desgastar al gobierno y desprestigiar a la república, convirtiéndose en un elemento clave de la “leyenda negra”, que fueron inventando sobre ella, y que los vencedores en la guerra civil española, no se cansarán de repetir, lo mismo hizo el anarquismo, incluso en el exilio.

Tanto la derecha (y el franquismo) como los anarquistas, tuvieron un enorme éxito porque <la sombra de la tragedia nunca abandonó a Azaña>, a pesar de la exculpación judicial y parlamentaria, la opinión pública. Siguió considerando responsable moral al Consejo de Ministros.

La acusación la lanzó el capitán Rojas, cuando los periodistas descubrieron que había mandado fusilar a los prisioneros, el capitán Rojas alegó, que en una entrevista que había mantenido a solas, con el director general de seguridad, Arturo Menéndez, este le dijo, que no hiciera prisioneros.

También alegó, que cuando estaba en la cárcel, recibió la visita de un ayudante de Azaña, el coronel Hernández Saravia, que le ofreció un millón de pesetas si callaba. Tampoco había testigos que pudieran corroborarlo, en los careos que mantuvieron, tanto Menéndez como Hernández Saravia con Rojas, estos negaron las acusaciones, y Menéndez afirmó; que cualquier oficial de policía, tenía derecho a pedir una copia por escrito de las órdenes, si consideraba que estas infringían la ley, Rojas no dio ninguna explicación sobre este punto.

El capitán Barba Hernández, aseguró en el juicio, que uno de los ayudantes de Azaña le había dicho de nuevo, sin que hubiera ningún testigo, la frase “los tiros a la barriga”. Para el tribunal, quedó claro que Rojas y Barba mentían para apoyarse el uno al otro, lo mismo concluyó el informe final de las Cortes diciendo qué, “no hay pruebas que permitan la insinuación, de que la policía actuó en la represión de acuerdo con órdenes dadas por los miembros del gobierno”. El capitán Rojas fue liberado de la prisión, tras la sublevación militar de julio de 1936, fue admitido en el ejercito rebelde con el grado de capitán de artillería y participó en la represión en Granada.

El capitán Bartolomé Barba, tampoco fue creído por el tribunal que revisó el proceso a Rojas en 1935 y que confirmó la sentencia. El capitán Barba había sido delegado gubernativo en la dictadura de Primo de Rivera, y uno de los fundadores de la organización derechista UME (Unión Militar Española), que participó en la sublevación militar de julio de 1936.

Fue uno de los oficiales que dirigió, la represión en Zaragoza durante las primeras semanas de la guerra civil, durante la dictadura del General Franco, ocupó el cargo de Gobernador Civil.

El General Cabanellas, director general de la Guardia Civil, durante los sucesos de Casas Viejas, mantuvo en el juicio una aptitud ambigua, que ponía en cuestión la actuación del gobierno. Fue uno de los Generales implicados en el golpe de estado militar de julio de 1936, y presidió la Junta de Defensa Nacional, que se hizo cargo inicialmente del poder en la zona sublevada.

El sumario del segundo juicio de junio de 1935, en el que Azaña llegó a tener un careo con Bartolomé Barba, desapareció de los archivos de la Audiencia. En 2008, el periodista e investigador Tano Ramos, consiguió localizar una copia en casa de una hija del abogado López Gálvez, encargado de la acusación particular contra Rojas, en esa documentación, que recoge todas las declaraciones de los testigos ante el juez, más allá de la transcripción de lo sucedido en los juicios, Azaña advertía que las órdenes eran las mismas para todo el territorio nacional, y que sólo Rojas había actuado de esa manera, a pesar de que la revuelta tuvo otros focos.

Memoria Histórica:

En 1988, el pleno del Ayuntamiento de Benalup, decide cambiar la denominación del pueblo de “Benalup de Sidonia” a “Benalup Casas-Viejas”, que desde el suceso se había perdido.

En el año 2006, el Ayuntamiento de Benalup, propuso vender el solar donde ocurrieron los sucesos, a una constructora para que edificara un hotel de lujo, contra lo cual, recibió la disconformidad de numerosos vecinos de la región y el sindicato CNT. Este hotel iba a tomar el nombre de “La Libertaria” (Nieta de Seis dedos), pero, tras las noticias del descontento de los benalupenses, pasaron a llamarle Utopía.

Por una resolución del 27 de julio de 2009, de la Dirección General de Bienes Culturales, publicada en Boletín oficial de la Junta de Andalucía el 21 de agosto de 2009, se incoó el procedimiento, para la inscripción en el Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como bien de interés cultural, con la tipología de Sitio Histórico, del lugar de los sucesos de Casas Viejas, en Benalup-Casa Viejas (Cádiz).

Esto se justificaba en el texto de la resolución de la siguiente forma:

En el marco del proceso de recuperación de la Memoria Histórica, con la inscripción de este Sitio Histórico, se pretende preservar el escenario en el que se desarrollaron los Sucesos de Casas Viejas, como un lugar de memoria, es decir, un espacio simbólico y físico vinculado a esos hechos.

La inscripción significa el reconocimiento institucional y cultural de un acontecimiento histórico, que expresa valores identitarios de un pueblo, y viene a reparar la dignidad de las víctimas, recobrando la memoria dolorosamente silenciada durante décadas de dictadura.

En 2015, se inauguró un espacio Conmemorativo para la memoria de los sucesos, en 2018, se realiza una recreación histórica de los hechos, se publica un nuevo libro sobre el tema, y se recibe la donación de materiales del legado de Jerome Mintz.