Pederastas o cuando los lobos son los encargados de cuidar a las ovejas

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI)[1], señala claramente que todas las personas, para poder trabajar en cualquier tipo de entidad con niños, niñas y adolescentes, necesitan presentar un certificado de penales conforme no tienen antecedentes de haber ejercicio violencia contra ellos. Del mismo modo indica que es necesaria la existencia de un Registro Central de Información sobre este tipo de delitos (artículo 56). Pues todo esto que nos marca la ley falló estrepitosamente en el último escándalo del pederasta Teófilo Lapeña Martínez, electricista de 45 años acusado de crear una red de pederastia prostituyendo a una menor de 12 años, que estaba bajo la custodia de la DGAI (Dirección General de Atención a la Infancia)[2] dependiente de la Generalitat de Cataluña. Este pederasta creo una red de prostitución donde buscaba clientes en la red, en la que claramente se vendía a una niña de 12 años. El Centro de menores permitió que esta menor fuera a vivir con un hombre de 25 años cuando ella tenia 15 años. Se descubrió el tema cuando un educador descubrió que tenía un teléfono de alta gama que no pudo explicar como lo había obtenido.

Lamentablemente, este no es un caso aislado donde ha fallado la administración responsable de la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia. En Barcelona, en el año 1997 se destapó el Caso Raval, en el que estuvo implicado el Casal del Barrio. El Casal nació en 1978 y debía ser un espacio seguro de ocio y relación entre los niños y niñas del barrio[3]. En este caso de pederastia estuvo implicado Xavier Tamarit, entre otras personas. Xavier Tamarit era miembro de la asociación de Vecinos de la Taula del Raval. La policía descubrió más de 50 películas en las que los pederastas violaban a las víctimas para luego vender los vídeos, obteniendo un gran beneficio económico.

Des de 1997 y hasta 2013, David Donet, como familia de acogida tuvo a su cargo a menores tutelados por la DGAI. Llegó a acoger hasta ocho menores simultáneamente en su casa a los que sometí a todo tipo de agresiones sexuales.  Estaba viviendo en Castelldants (Lleida), un pequeño pueblo de 821 habitantes. Hago hincapié en el número de habitantes porque desde 1997 al 2013 en el que se destapó el caso, por la denuncia de la madre de un niño del pueblo, al que David Donet intento captar, hizo ante los mossos d’esquadra. A partir de esta denuncia, los mossos d’esquadra tiraron del hilo y destaparon toda la trama.  Hasta esta denuncia nadie, curiosamente, vio ni detectó nada[4]: ni la escuela, ni servicios sociales, ni el ayuntamiento, ni especialmente la Fundación Concepció Juvanteny, que era la encargada de controlar el acogimiento[5]. Carle Porta, en su libro: “Le llamaban padre”[6], explica muy claramente lo que pasó en este caso y que, lamentablemente, puede ser extensible a otras situaciones de fallos de la Administración que debe tener la responsabilidad de cuidar de unos niños y niñas procedentes de familias gravemente desestructuradas. La Fundación Concepción Juventeny[7] era la encargada de supervisar el buen funcionamiento de la acogida, y a pesar de haber hecho teóricamente 34 controles durante estos 16 años, nunca detectó ninguna anomalía, certificando durante todo este tiempo el buen funcionamiento de la acogida.

Entre 2017 y 2018 una menor bajo la tutela de la Generalitat de Valencia denunció abusos sexuales por parte de Luis Eduardo Ramírez que era un educador social. Durante la Nochebuena del año 2019, media docena de jóvenes violó a una niña de 13 años en Palma de Mallorca[8]. Esta denuncia destapó una red de prostitución cuyas víctimas eran menores tuteladas por el Gobierno balear. Recomiendo ver la película: “Las chicas de la estación”[9]. En el 2020 se destapó en Madrid una red de prostitución y tráfico de drogas en la que se explotaba am menores, algunos de ellos dependientes de centros de menores de la Comunidad de Madrid. En el Centro de Casa de Campo[10] de menas, dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, en el 2024 se presentaron denuncias de educadores que abusaban sexualmente de los menores des del año 2020.

Hay muchos más casos de como las Administraciones que tienen la obligación de defender los derechos de la infancia, miran para otro lado y no aplican los controles necesarios para que estos niños y niñas puedan tener un futuro diferente al de sus padres[11].  El sistema de tutela de menores en España tiene muchos problemas. Independientemente del color político, el maltrato institucional y la falta de controles es escandaloso. Se tapan estas situaciones de violencia, muchas veces creando comisiones de investigación que son en la práctica inoperantes.

Cataluña fue la primera Comunidad Autónoma que con la Ley 11/1985, del 13 de junio, aprobó una regulación, moderna y ajustada a los principios constitucionales, para la protección de los menores desamparados y de los que manifiestan conductas de riesgo social. La administración delega mayoritariamente en fundaciones o centros privados gestionar estos centros. Entre 2016 y 2020, la DGAIA dedicó 788 millones a la acogida de la infancia y de la adolescencia. Ese dinero fue transferido a 101 organizaciones del tercer sector. De las 101 entidades, 10 se llevaron el 55% del gasto.[12]

La población acogida en los CRAEs[13] (Centros Residenciales de Acción Educativa) está formada por menores de edades comprendidas entre los 0 y 18 años, procedentes de familias con graves distocias. Por distocias entendemos, por ejemplo: padres toxicómanos o con trastornos mentales; en situación económica muy perentoria, los sin hogar (homeless), que viven en viviendas sin las condiciones mínimas de habitabilidad, que vivan en albergues y/o utilizan a los hijos para la mendicidad; que los niños sean víctimas o testigos de violencia entre los padres; que carezcan de una familia extensa o de una red social de apoyo; etc. Últimamente se han producido cambios muy importantes en el perfil tradicional del menor desamparado en España, ligado a la llegada de emigrantes con valores sociales, familiares, culturales y religiosos muy diferentes a los nuestros. Menores que han venido con sus familias, emigrando todos juntos, o menores dejados al cuidado de terceros en su país que posteriormente emigran al ser reclamados en los reagrupamientos familiares. El choque cultural de estos menores y su adaptación suelen ser fuente de conflictos y malestar.

La situación es grave, porque tanto los centros como los responsables de su control y buen funcionamiento tienen muchas dificultades para adaptarse a las necesidades específicas de cada niño o niña. De estas dificultades habría que destacar: aplicación de la LOPIVI en la contratación del personal de los centros;  es imprescindible contratar personal especializado y esto implica que tengan unos salarios dignos; aplicación de las normativas evitando trasgresiones en función de una mal entendida libertad sexual; saber qué hacen estos niños y niñas en sus salidas de permiso de los centros y qué perfil tienen las  personas con las que se relacionan; facilitarles el acceso a psicoterapias que ayuden a elaborar los conflictos que dieron lugar a la protección, con el fin de darles unas expectativas de futuro diferentes a la familia de procedencia, tanto desde el punto de vista psicoemocional, sexual, laboral y de relaciones sociales, entre otros. Por ello es imprescindible que las administraciones controlen seriamente este problema para evitar que los lobos sean los guardianes de los corderos.

Dra. Carme Tello Casany

Psicóloga clínica

Presidenta de la Associació Catalana per la Infància Maltractada ACIM

Presidenta de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil FAPMI

[1] BOE-A-2021-9347 Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

[2] Organismes. Generalitat de Catalunya

[3] El caso de pederastia de Barcelona se salda con un total de 83 años de cárcel

[4] El presumpte pederasta de Castelldans no tenia cura de la higiene i els estudis dels menors acollits | Agències | Barcelona | Societat | El Punt Avui

[5] El pederasta de Castelldans pasó 34 controles públicos

[6] «Le llamaban padre porque ellos eran niños y no sabían que les violaba»

[7] Fundació Concepció Juvanteny – Defensa de los Derechos Infantiles

[8] “Hay prostitución de menores tuteladas en toda España” | Sociedad | EL PAÍS

[9] Las chicas de la estación – Wikipedia, la enciclopedia libre

[10] Denuncian por abusos a educadoras de un centro de menas

[11] Los menores víctimas de abusos sexuales, desprotegidos por las administraciones públicas | Save the Children

[12] Albano-Dante Fachin: «Tenim un problema amb la DGAIA, el tercer sector i el poder polític que intenta amagar el cas»

[13] Servicios residenciales de acción educativa (CRAE)