EL PROBLEMA DE LOS ABUSOS SEXUALES EN LOS MENORES DISCAPACITADOS INTELECTUALES Y/O DEL DESARROLLO
Este tramo de la población es EL que queda más expuesto a la violencia sexual. La campaña «1 de cada 5, para disminuidos intelectuales o del desarrollo» (campaña promovida por el Consejo de Europa) nos señala el alto riesgo que tienen los menores de estar expuestos al abuso sexual, la pornografía, la prostitución y a ser captados por Internet y las redes sociales.
Esta campaña se está llevando a cabo en todo el territorio nacional, bajo los auspicios de la Federación de Asociaciones para la Prevención del maltrato Infantil FAPMI y concretamente en Cataluña por la Asociación Catalana para la Infancia Maltratada ACIM. El objetivo es que todos los profesionales de la enseñanza, servicios sociales, sanidad y sociedad en general puedan detectar las situaciones de riesgo, actuar, derivar y convertirse en soporte de los niños y niñas de 4 a 7 años que sufren estas violencias.
Y este problema se agrava al llegar a la adolescencia, con los cambios biológicos y hormonales que se dan en esa etapa evolutiva. La sexualidad de las personas de este perfil siempre ha sido un tema tabú, entre otras cuestiones porque: se piensa que no tienen sexo. En las familias no suele hablarse de este tema. Se cree que tienen la sexualidad dormida, porque: «quien se va a fijar en ellos si no son normales». También puede pensarse que tienen una sexualidad descontrolada, básicamente instintiva. Pero la realidad nos indica que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo: no tienen suficiente información y formación para enfrentarse a situaciones de abuso sexual, en general no suelen recibir una educación sexual y afectiva lo que les hace más indefensos e indefensas frente la violencia sexual. Por ello es importante que se les faciliten los recursos necesarios para que puedan tener relaciones sexuales deseadas, así como evitar las no deseadas. Para ello es imprescindible desarrollar su autonomía al máximo.
En esta línea, los días 10 y 11 de diciembre se ha celebrado el II Foro «Investigación, prevención e intervención en violencia sexual contra las personas menores de edad con discapacidad intelectual o del desarrollo: Buenas prácticas desde el enfoque de los derechos de la infancia» y XXI Foro Estatal Justicia e Infancia. Bajo el título «La respuesta judicial ante las necesidades de la infancia y adolescencia con discapacidad intelectual y/o del desarrollo» , organizado por FAPMI-ECPAT, con el apoyo y financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, junto a otras Entidades y Administraciones.
Durante estos dos días se han plateado temas tan importantes como él de los derechos humanos (ha coincidido que ayer fue el día internacional de los Derechos Humanos) de los que algunas veces, por un malentendido proteccionismo, pueden dejar al margen a esta población. O la importancia de cómo se plantean tanto el acogimiento desde del inicio del incidente de abuso como del estilo de entrevista que debe ser seguido en los procesos policiales de investigación del mismo.
Otras cuestiones trabajadas han sido el proyecto europeo ACMD ( Acceso a la justicia de los niños con discapacidad mental). Este proyecto nos indica que existe una importante falta de información sobre la participación y situación de esta población en los procedimientos judiciales. Esto conlleva a una invisibilidad y por tanto a un incremento de la marginalización, discriminación o falta de atención a la que están sometidos. A nivel de la Unidad Europea, a pesar de que está desarrollando importantes iniciativas, tanto a nivel legislativo como de investigación, todavía faltan procedimientos para desglosar los datos relativos al sistema de justicia sobre la base combinada de infancia y discapacidad.
Es muy importante el tipo de métodos que se utilizan para la evaluación de los testimonios. Es decir: el tipo de lenguaje y preguntas utilizados, así como otras técnicas de evaluación en la recogida de testimonios. De igual forma es importante que en los procesos judiciales que se aplican a menores con discapacidad intelectual y/o del desarrollo exista la figura de la persona facilitadora que pueda acompañar a la víctima y a sus familiares durante las diferentes fases del proceso judicial. Este acompañante permite igualar los métodos procesales y adaptar las herramientas forenses a este perfil de menores.
En relación con la aplicación de las medidas procesales, los ponentes expusieron las fases de enjuiciamiento y la fase procesal, así como las cuestiones prácticas del delito y las posibilidades o no del riesgo de reincidencia del mismo. Sin olvidar los problemas derivados de la atención residencial para menores infractores con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. Los internamientos terapéuticos como medidas judiciales previstas para este tipo de población, siempre se hacen en base a una intervención especializada multidisciplinar. La psicopatología y el bajo coeficiente intelectual (CI) son elementos de alto riesgo en esta población. Se da un porcentaje muy importante que obtiene, en la prueba de inteligencia WAIS, un CI inferior a 60. Este factor de CI bajo constituye un reto muy importante, dado que es un condicionante fundamental para poder trabajar eficazmente con ellos. Otro elemento que se ha detectado es que, en una gran mayoría de casos, provienen directamente de centros de educación especial y que el perfil de la mayoría de las familias de las que proceden son: conflictivas, presentan violencia de género, entre otros elementos distócicos. En relación al perfil personal, ellos presentan mayoritariamente: apegos inseguros, han efectuado previamente pequeños actos delictivos como robos, tienen un bajo nivel de adaptación social, conductas sexuales de riesgo y consumo de tóxicos. Tienen graves dificultades en el aprendizaje lo que va a condicionar los procesos educativos de los centros, especialmente el trabajo de los educadores, por las dificultades que van a presentar para entender las normativas. Por ello y para evitar la reincidencia, es muy importante tener en cuenta todos estos elementos.
El foro ha concluido con la conferencia a cargo del Sr. Juan Manuel Fernández Martínez, vocal del Consejo General del Poder Judicial, que ha puesto el broche a estas jornadas. Porque, como muy bien ha expuesto, estos niños, niñas y adolescentes tiene el derecho a ser escuchados, no solamente oídos. Derecho a ser escuchados y darles la palabra como derecho fundamental de esta población, para que se haga efectivo su derecho a poder acceder plenamente a la justicia. También planteó que eran muy importantes tres políticas de actuación: prevención, respuesta punitiva y reinserción. La política de prevención es fundamental para erradicar la lacra de la violencia ejercida sobre ellos. Pero también es importante la aplicación de respuestas punitivas a los infractores menores de edad, siempre teniendo en cuenta que se deben aplicar políticas de reinserción en los centros especializados para ello.
Dra. Carme Tello Casany
Psicóloga clínica
Presidenta de la Associació Catalana per la Infància Maltractada ACIM
Presidenta de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil FAPMI
