-LA PENA DE TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.-

El Código Penal clasifica las penas en Privativas de Libertad, Privativas de otros Derechos y la Multa, considerando este tipo de pena de “Trabajos en Beneficio de la Comunidad” (TBC), como “Privativa de otros derechos”.

Antes de empezar a hablar de esta pena, debemos tener muy claro que los “Trabajos Forzados”, están totalmente prohibidos por las normas internacionales y nacionales vigentes, así podemos destacar:

1.-El Convenio sobre el Trabajo Forzoso, aprobado el 28 de junio de 1930, por la Conferencia General de la Organización Internacional del trabajo, el cual establece en su art. 1º.- “Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se obliga a suprimir, lo más pronto posible, el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas”.

2.-La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en París, el 10 de diciembre de 1948, la cual establece en su Art. 4 que “Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”.

3.-La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 7 de diciembre del 2000 en Niza, la cual en su Art. 5 “Prohíbe la esclavitud y el trabajo forzado”,

4.-La Constitución Española, que en su art. 35 establece que “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”.

5.-Por último, el 24-12-21, se publicó en el BOE la Resolución de la Secretaría del Estado de Empleo y Economía Social, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso, relaciones laborales obligatorias y otras actividades humanas forzadas,

Teniendo en cuenta esa prohibición internacional y nacional de los “Trabajos Forzados”, nuestro vigente Código Penal de 1995, contempla entre sus penas la de “Trabajos en Beneficio de la Comunidad”, dejando muy claro que es una pena alternativa a otras penas que en cada caso el C.P. establece para algunos delitos, y que además es totalmente voluntaria, ya que, para su imposición por los jueces y tribunales, requiere siempre como premisa principal “El consentimiento del penado”.

Por su naturaleza, el C.P. la considera como ya hemos expuesto al inicio, una pena privativa de derechos, la cual en función de su duración podrá ser pena menos grave (De 31 días a 1 año) o pena leve (de 1 a 30 días).

Su regulación principal la desarrolla el Código Penal en su art. 49, donde establece que “Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento de la persona condenada, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por la persona condenada, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación de la persona condenada en talleres o programas formativos de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual, resolución pacífica de conflictos, parentalidad positiva y otros similares. Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas y sus condiciones serán las siguientes:

1.ª La ejecución se desarrollará bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que, a tal efecto, requerirá los informes sobre el desempeño del trabajo a la Administración, entidad pública o asociación de interés general en que se presten los servicios.

2.ª No atentará a la dignidad del penado.

3.ª El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración, la cual podrá establecer los convenios oportunos a tal fin.

4.ª Gozará de la protección dispensada a los penados por la legislación penitenciaria en materia de Seguridad Social.

5.ª No se supeditará al logro de intereses económicos.

6.ª Los servicios sociales penitenciarios, hechas las verificaciones necesarias, comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria las incidencias relevantes de la ejecución de la pena y, en todo caso, si el penado:

a) Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.

b) A pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, su rendimiento fuera sensiblemente inferior al mínimo exigible.

c) Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se le dieren por el responsable de la ocupación referidas al desarrollo de la misma.

d) Por cualquier otra razón, su conducta fuere tal que el responsable del trabajo se negase a seguir manteniéndolo en el centro.

Una vez valorado el informe, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar su ejecución en el mismo centro, enviar al penado para que finalice la ejecución de la misma en otro centro o entender que el penado ha incumplido la pena.

En caso de incumplimiento, se deducirá testimonio para proceder de conformidad con el artículo 468.

7.ª Si el penado faltara del trabajo por causa justificada no se entenderá como abandono de la actividad. No obstante, el trabajo perdido no se le computará en la liquidación de la condena, en la que se deberán hacer constar los días o jornadas que efectivamente hubiese trabajado del total que se le hubiera impuesto.

Destacar también, que se puede establecer como pena principal cuando así esté previsto o en otros supuestos legalmente contemplados, o como en sustitución de una pena de prisión inferior a tres meses.

También puede consistir en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas o en la participación en talleres o programas formativos de diversos tipos, además, el penado puede proponer un trabajo concreto, siendo valorado por el Servicio de Gestión de Penas de la Administración Penitenciaria.

Las consecuencias legales de su incumplimiento, dependen de la naturaleza con la que se establecieron dichos trabajos en beneficio de la comunidad.

Por último, los casos más comunes que el C.P., permite la imposición de este tipo de pena son, en el delito leve de amenazas, como alternativa a la pena de prisión, como sustitución automática de la pena de prisión cuando se impongan menos de tres meses, también en los supuestos de suspensión de ejecución de la pena de prisión, entre otros supuestos.

            ¡Los años arrugan la piel, perder la ilusión arruga el alma! (Dr. Keneth Cooper)