Lo que hay detrás de los incendios

     Cada verano, las llamas vuelven a teñir de negro los mapas. Los titulares hablan de hectáreas arrasadas, de desalojos, de medios de extinción desplegados. Sin embargo, pocas veces se profundiza en lo que de verdad hay detrás de los incendios: las causas ocultas, las responsabilidades diluidas y los intereses que alimentan la tragedia.

     Si bien las altas temperaturas y la sequía agravan la propagación del fuego, la mayor parte de los incendios no son producto del azar. Están vinculados a la acción humana: negligencias, descuidos, quemas agrícolas mal controladas o, peor aún, incendios provocados de manera intencionada. Tras ellos pueden esconderse intereses económicos (recalificaciones urbanísticas, explotación maderera, cambio de uso del suelo) o incluso simples actos de vandalismo.

     Mientras se destinan millones de euros a medios de extinción, la inversión en prevención sigue siendo insuficiente. Falta limpieza de montes, gestión forestal sostenible, fomento de la ganadería extensiva que mantenga los pastos a raya o planes de reforestación planificados. La prevención no genera la misma visibilidad política que un helicóptero arrojando agua sobre un frente de llamas, pero es la clave para reducir el riesgo.

     Porque no hay que pasar por alto que el fuego arrasa árboles y  también destruye biodiversidad, erosiona suelos y afecta al ciclo del agua. Además, golpea a comunidades enteras: vecinos que pierden casas, agricultores que ven arruinadas sus cosechas, familias que asisten impotentes a cómo su paisaje vital desaparece. A ello se suma el impacto emocional y la sensación de abandono en zonas rurales cada vez más despobladas.

     Cuando un monte se quema, suele abrirse la puerta a intereses especulativos. Aunque la ley impide recalificar de inmediato, la presión urbanística, la instalación de infraestructuras o el abandono del terreno favorecen la transformación del paisaje. Así, el incendio no es solo un final, sino también el inicio de un proceso en el que la naturaleza queda relegada frente a la rentabilidad.

     Detrás de cada incendio hay una pregunta que incomoda: ¿qué hemos hecho o dejado de hacer, como sociedad para llegar hasta aquí? Señalar únicamente al clima es quedarse en la superficie. La verdadera lucha contra los incendios empieza en el invierno, con políticas de prevención, educación ambiental y una gestión del territorio que devuelva vida y actividad a los pueblos.

     Los incendios no son solo un fenómeno estacional: son el reflejo de un modelo que ha descuidado sus bosques y, con ellos, su futuro.

     Agosto está suponiendo un auténtico martirio para nuestro país que debe enfrentarse a los diferentes focos que han destruido miles de hectáreas  a lo largo y ancho de nuestra geografía cobrándose vidas humanas y desplazamientos de habitantes de sus lugares habituales huyendo de tan terrible situación.

     El incendio, más allá del drama inmediato, se convierte en un escenario político. La imagen del dirigente visitando la zona arrasada, rodeado de cámaras, es un clásico del verano. Sin embargo, una vez apagadas las llamas, se apaga también la atención. La prevención —limpieza de montes, ordenación forestal, apoyo a la agricultura y ganadería tradicionales— queda relegada, porque no da votos rápidos ni espectáculo mediático.

     Mientras tanto, quienes pagan las consecuencias son siempre los mismos: los vecinos que pierden casas y tierras, los agricultores y ganaderos que ven arruinado su sustento, los pueblos, cada vez más despoblados, que perciben los incendios como una condena añadida al abandono institucional y la misma  biodiversidad, que no tiene voz, pero que sufre una pérdida casi irreparable…Y cabe entonces la pregunta incómoda.  ¿Quién gana cuando un monte desaparece? ¿Quién pierde? La respuesta revela un modelo de desarrollo donde el territorio es moneda de cambio y la naturaleza, un obstáculo para el beneficio inmediato.

     Los incendios, más que una catástrofe natural, son una radiografía social: muestran las grietas de un sistema que convierte el bosque en negocio y la tragedia en oportunidad.

     Esta realidad tan dura y angustiosa implica una condena unánime y una penalización inmediata que ponga fin a la incertidumbre que genera en la población la aparición de esos fuegos descontrolados que está provocando, además, duros enfrentamientos políticos en razón de quienes son las competencias tanto en la prevención como en la acción  porque hay sanciones máximas contempladas en el contexto legal que deben ser aplicadas.

     Según el Código Penal español, los incendios que ponen en peligro vidas pueden llevar penas de 10 a 20 años de cárcel y multas de 12 a 24 meses. Si no hay riesgo para personas, pero hay daños graves o carácter intencionado, las condenas oscilan entre 3 y 6 años.

     En 2023, el 19 % de los incendios en España fueron considerados intencionados, frente al 68 % por negligencia según fuentes consultadas ( El País)

    Como ejemplos tenemos algunos casos recientes con condenas o prisión preventiva:

_ El de  Teba  (Málaga, julio-agosto 2025),  donde  un hombre confesó haber provocado seis incendios forestales en el municipio de Teba. Fue identificado gracias a pruebas como grabaciones de cámaras, testimonios y evidencias en los lugares del fuego. Tras su declaración, quedó en prisión provisional acusado de un delito continuado de incendio. Según información aparecida en El País.

 _ El de Mombeltrán (Ávila, 28 de julio 2025), en que  un trabajador de extinción fue detenido y enviado a prisión provisional sin fianza por provocar intencionadamente un incendio forestal que arrasó unas 2.200 hectáreas. Se sospecha que el incendio fue provocado para obtener empleo en extinción pocos días después. Esta noticia fue dada por la Cadena Ser.

_ El de Zamora / Castilla y León (2025) donde un individuo fue detenido en Ávila por un incendio intencionado que destruyó 2.200 hectáreas y permanece en prisión provisional tras confesar. También hay otros detenidos por incendios imprudentes que causaron miles de hectáreas arrasadas, según El Huff Post.

_ El caso de El Saler (Valencia, abril 2025) en el que Juan C. fue condenado a nueve meses de prisión por provocar un incendio forestal sin propagación, en zona protegida, afectando una superficie mínima. También deberá pagar una multa, indemnización y estará inhabilitado para el sufragio pasivo durante la condena afirmaba la Cadena Ser

     En un juicio previo, se le solicitaron seis años de prisión, multa de 10.800 €, e indemnización de 120.000 €, aunque por falta de pruebas solo fue condenado por uno de los incendios. Completa El País.

     Estos ejemplos muestran que sí existen casos comprobados donde los incendios han derivado en procesos judiciales y condenas reales, que incluyen penas de cárcel, multas e indemnizaciones, sobre todo cuando hay pruebas claras de intencionalidad o violaciones graves.

     La acción de la justicia debe ser contundente para con los culpables, pero también la implementación de medidas preventivas por parte de las CC.AA para conservar y proteger nuestra naturaleza.

     Debemos tener, pues, en cuenta aquel eslogan de los años sesenta ,cuando el norte de país se vio afectado de incendios de todo tipo y se empezó a trabajar en la prevención como medio para minimizar o solucionar  el problema:  “Cuando un bosque se quema, algo tuyo se quema” que sirvió para concienciar a la ciudadanía de que la mejor acción se inicia con una correcta prevención.