EL conocimiento de los documentos o titulaciones debería estar para algo

Hemos asistido a un paripé o a un escenario de ambigüedad ante la no presentación del documento imprescindible del acta de evaluación, y estamos ante un posible delito penal grave por falsificación de documentos públicos de nuestros representantes o de nuestras instituciones, o por prevaricación; ahora después de lo visto y declarado  por Cristina Cifuentes pero recordemos otros aspectos de fraude o manipulación de documentación pública con  Íñigo Errejón sobre el polémico contrato de investigación con la Universidad de Málaga, o con Luis Roldán como director general de la Guardia civil entre otros, que justifican nuestra reflexión. Este primer caso en el tiempo nos sirve como un  ejemplo digno de análisis por analogía o relación de semejanza entre cosas distintas pero que se suma al triste proceder de la ignorancia de algunos que gobiernan, y que nos servirá para nuestra visión crítica de los hechos y de su demagogia. En otro orden de cosas, debido a la adecuación de las enseñanzas para el acceso a la función pública, el sistema de acceso estructurado claramente en cuerpos, escalas y grupos, es la primera condición para acceder a ellos con la titulación requerida, y en consecuencia con los estudios y titulaciones vigentes y necesarias hasta ese momento. Pues bien asimismo resulta obvio que hay que atenerse a las condiciones establecidas. Además, hay que tener en cuenta que desde la aprobación en el año 2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, se regula las condiciones de trabajo de los empleados al servicio de la Administración, y que en cierta medida prevé el cambio en los estudios y las nuevas titulaciones exigidas para el acceso al empleo público. En este sentido parece mentira que aun después de haber ocurrido ya tiempo, y haberse cometido los mismos errores del pasado, siga pasando más de lo mismo. Por todo ello parece recomendable repasar el tratamiento de la evaluación que a los documentos y titulaciones dan las leyes de función pública actualmente vigentes, esto es la Estatal, la Autonómica y el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público. Y a su vez parece simple pero no menos significativo que tanto representantes de nuestros partidos políticos como aspirantes a ello, no tengan conocimiento más que de sobra si a la cuestión se refieren cuando exigen que se homologuen los sueldos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras Administraciones. Pongo el caso ya consabido y cacareado de que se deben igualar los salarios de la Guardia Civil con el de las Policías locales, Nacionales y Autonómicas. Porque las Autoridades que lo exigen deberían saber también y tan bien -que no es lo mismo- que todavía no se exige la misma titulación de Bachiller para acceder como en el resto de los Cuerpos, pues para ser guardia civil sólo es necesario el título de la ESO o equivalente. Esta consideración solo pretende poner a prueba la falta de conocimiento de nuestros dirigentes parlamentarios y su cinismo. Pero lo curioso es que lo arreglarán de un plumazo, de un día para otro, y así nos va, pues ya se pone también en entredicho la confianza o el prestigio de las titulaciones de la Educación Superior, con las Universidades que no controlan el modo de adquisición del Máster Universitario, y para más sonrojo de nuestros gobernantes, después de lo ocurrido con Cristina Cifuentes, para acreditar el cumplimiento de los requisitos de su máster. De modo que ni en un pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid su presidenta ha podido explicar con claridad u objetividad entre aplausos de los suyos las supuestas irregularidades, que no argumentan la atribución a una cacería sino a la ignominia de un nepotismo. Finalmente juzguen ustedes hasta dónde puede llegar el desconocimiento y la falta de ética Kantiana de los que nos gobiernan.

Francisco Velasco Rey