IV Seminario Estatal sobre Personas Menores de Edad en Tránsito y Trata de niños y niñas y adolescentes AVAIM-FAPMI

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 carmen 2Los pasados días 21 y 22 de noviembre, FAPMI i AVAIM,  en el contexto de su 30 aniversario, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la financiación de Petronor se celebraró el IV Seminario Estatal sobre Explotación Sexual de la infancia y la Adolescencia “Personas Menores de edad en tránsito y trata de niñas y niños”

AVAIM (Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia Maltratada – Tratu Txarrak Jasotako Haurren Laguntzarako Euskal Elkartea), comenzó a gestarse en 1989, cuando un grupo de profesionales se reunieron con la idea de organizar una Asociación de defensa y ayuda a la infancia maltratada. Fruto de su entusiasmo, en enero de 1990, AVAIM se constituyó legalmente y fue inscrita en el Registro de Asociaciones del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco (AS/G/1842/1990). Es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública por Gobierno Vasco en el año 2007, en la que se integran personas y entidades sensibilizadas con la defensa de los derechos de los menores, así como profesionales de diferentes ámbitos (psicología, pedagogía, trabajo social, derecho, educación, medicina,…) que aúnan sus esfuerzos para promocionar el buen trato de niños, niñas y jóvenes del País Vasco. AVAIM es miembro fundador de la Federación de Asociaciones para la prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) y, en la actualidad, sigue participando en sus reuniones y asambleas.

ECPAT es el acrónimo de End Child Prostitution, Child Pornography and Taffiking of Children for Sexual Purposes (Acabar con la Prostitución Infantil, la Pornografía Infantil y el Tráfico de Niños con fines Sexuales). ECPAT International es una red mundial de organizaciones y personas que trabajan juntas para poner fin a la prostitución, la pornografía y la trata de niños y adolescentes con fines sexuales. Se dedica a alentar a la comunidad internacional a que asegure que los niños de todas partes del mundo gocen de sus derechos fundamentales, libres de toda forma de explotación. ECPAT tiene estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC).

FAPMI se fundó en 1990 y se asoció a ECPAT en 2011. Dentro del III Plan de Acción 2017-220 contra la Explotación Sexual de la infancia y Adolescencia de FAPMI-ECPAT España, tiene como uno de los ejes estratégicos, la incidencia significativa sobre el contexto social y político a diferentes niveles y como objetivo común colaborar de forma proactiva en el diseño de respuestas eficaces y efectivas en la protección y atención de las víctimas de explotación sexual y a los agresores. Dentro de este contexto, este seminario intentará profundizar en el conocimiento sobre las problemáticas y estrategias comunes a desarrollar para combatirla. También queremos involucrar a las diferentes agencias implicadas: administración, instituciones públicas y privadas, las organizaciones sociedad civil y al sector privado empresarial.

Este seminario se ha desarrollado como un espacio para profundizar en el conocimiento sobre la problemática de la explotación de las personas en tránsito así como en aquellas propuestas de acción que permitan desarrollar estrategias comunes para combatirla involucrando tanto a administraciones, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, como al sector privado empresarial. Esta actividad formativa se enmarcó dentro del Programa Estatal de formación en ESIA de FAPMI-ECPAT España.

Las ponencias presentadas se desarrollaron con la participación de diferentes profesionales que dieron una gran visión de conjunto y de reflexión sobre este tema. Participaron des de la  Diputación Foral de Vizcaya, Defensoría del Pueblo de País Vasco, diferentes profesionales de la abogacía expertos en migraciones e infancia, representantes de la guardia civil, policía nacional y ertzantzia, responsable del área de protección del club de futbol Athletic de Bilbao, programas de intervención como Save The Children o europeos como el proyecto FORUM y diferentes ONGs especializadas en el tráfico, la trata y prostitución de niños, niñas y adolescentes.

El diario El País del pasado 18-11-2019, en un extenso artículo, señala como un grave  problema el que casi 10.000 menores migrantes tutelados en España están sin papeles, es decir indocumentados. A pesar de que la ley obliga a las comunidades autónomas a tramitar dichos documentos, solamente alrededor del 21% obtienen el permiso de residencia. Hasta la fecha del 30-06-2019 solamente 2.573 migrantes menores contaban con la autorización de residencia en vigor. Este es un numero insignificantes se tiene en cuenta que en España hay 12.3000 migrantes menores en acogida. Sin un NIE que les identifique no pueden ejercer sus derechos. Un migrante sin documentación no se puede integrar en la sociedad, ni acceder a un puesto de trabajo. Que no olvidemos, que justamente fue la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo los que les impulsó a cruzar el Mediterráneo en las peores condiciones posibles. Son invisibles y por tanto muy vulnerables. Esto les lleva a la exclusión y a caer bajo las garras de las diferentes mafias existentes. Mafias que les abocan a la delincuencia pero también a la prostitución y a la explotación sexual.

El País cita el caso de un joven marroquí para el que la calle ha sido su único domicilio en los 4 países europeos en los que ha vivido. A los 12 años estuvo en un centro de acogida de Andalucía, a los 15 en otro de Madrid. En total paso por tres centros y un piso tutelados. Sin ningún tipo de documentación empezó un largo recorrido por diferentes servicios sociales de Holanda, Alemania y Francia. Recién cumplidos los 18 años ha regresado a España hablando perfectamente 4 idiomas pero más invisible que nunca. Enganchado a ansiolíticos malvive y duerme entre cartones en el barrio de Lavapiés de Madrid

Al cumplir los 18 años, pasan a ser adultos y por tanto tienen la obligación de dejar los centros y pisos tutelados.  Recientemente supimos de la noticia que uno de esos migrantes se suicidó al haber cumplido 18 años y tener que dejar el centro tutelado sin ningún tipo de documentación. Porque solamente 38 ex-tutelados migrantes de 18 años consiguieron el permiso de residencia en el año 2018 y solamente 54 obtuvieron el permiso de trabajo. Y como todos sabemos sin papeles y sin permiso de trabajo es imposible la inclusión en la sociedad y están abocados a la marginalidad o la invisibilidad.

El lunes pasado celebramos el 30 aniversario de la convención de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclama que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. Entre sus artículos quisiera destacar

Artículo 4 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Artículo 22 -1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la presente Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que dichos Estados sean partes.

 Esperemos que tal como se declara en el artículo 3 todas las medidas respecto a los niños, niñas y adolecentes migrantes estén basadas en la consideración del interés superior de los mismos. Que dejen de ser invisibles.  Seminarios como este son puntos de reflexión para que los estados, que es a quienes corresponde asegurar una adecuada protección, visibilidad  y cuidado de esta población, pero también a la sociedad  en general que debe tomar  conciencia que un migrante sin papeles es uno de los nuestros sin papeles.

 

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